José Cervera reflexiona acerca de la reforma de la LPI y su espíritu obsoleto.

A veces una palabra no es nada más que ruido y vaho, como cuando hablan ciertos políticos. Otras veces una palabra desnuda una forma de ver el universo, un significado profundo, una pertenencia. Un ejemplo aparece en el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La mayor parte del texto es manifiestamente mejorable, pero una palabra que conserva lo convierte en inaceptable, al alinear esta reformada LPI con los intereses de las sociedades de gestión de derechos y tratar como menores a los autores. Esa palabra traiciona una forma profundamente errónea y obsoleta de ver el mundo de la cultura, una que no tiene en cuenta la existencia de Internet. La indiscreta palabra es "irrenunciable".

"Irrenunciable" aparece cuatro veces en el Proyecto de Ley 121/000044 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, argfs, publicado con canícula y alevosía en el BOE del 26 de agosto. La primera de ellas, en el artículo 4 (que reescribe el artículo 25 de la LPI vigente) apartado 1 es la más importante, al declarar "irrenunciable" para los autores, artistas y ejecutantes el derecho de compensación equitativa por copia privada, añadiéndolo a otros derechos irrenunciables que ya contiene esa ley (como el reconocimiento de autoría y la gestión colectiva de las remuneracíones por comunicación pública). El apartado 8 por su parte coloca la gestión de esta "compensación equitativa" obligatoria en manos de las entidades de gestión de derechos de autor, reforzando su posición legal y sus ingresos económicos. Y consagrando una visión obsoleta y casi extinta que divide la cultura en creadores profesionales apuntados a una entidad de gestión por un lado y consumidores sin apenas derechos por el otro.

Es decir, que ese "irrenunciable" demuestra que quien ha perpetrado este proyecto de ley no tiene ni idea de cómo funciona el mundo de Internet. O el mundo de hoy en día, en general.

¿Van a cobrar esa "compensación equitativa" los autores de blogs? ¿Son los bloggers autores a efectos de la ley? ¿Tendrá que darse de alta en una sociedad de gestión de derechos todo el que escriba/componga/interprete, quiera o no? ¿Es la persona que envía un comentario a un blog co-autor? ¿Deberá, por tanto, darse también de alta como tal? ¿Se podrá ejercer el derecho de copia privada a precio cero, o será "irrenunciable", y por tanto todos los autores deberán cobrar, aunque no quieran? ¿O simplemente se perpetúa la actual situación, dejando que las entidades recauden lo suyo y lo de los demás y se queden con todo?

Este proyecto de ley piensa en un mundo arcaico y remoto, en el que el papel de los autores, los artistas, los productores/distribuidores y los consumidores eran diferentes y estaban nítidamente separados. Había profesionales del arte, y había compradores de arte; había discográficas, y galerías de pintura, y editoriales, que ponían en contacto a autores y consumidores y se quedaban con un pedazo del pastel. Así nacieron ideas peregrinas, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que se ofrece a agrupar a todos los profesionales del sector musical frente a sus compradores, y frente al estado.

Era una separación que ha resultado valiosa durante siglos por su limpieza conceptual, y porque no había otra alternativa. Lamentablemente, hoy es del todo obsoleta.

Quien escribe un blog es a la vez autor y editor; quien comenta en un blog es autor, consumidor y editor. Y quien comenta en un blog sobre el comentario de alguien en otro blog... bueno, seguro que entienden lo que quiero decir: en el mundo de la Red la separación entre autor y consumidor de cultura es sutil, a veces inexistente, siempre difícil de establecer. La cultura de la remezcla es frenéticamente activa en la Red. Muchos de los creadores no tienen motivos pecuniarios, sino que su recompensa se paga en "egos". Estos autores no están interesados en recibir compensación monetaria por su trabajo, ni en declararse autores ante la SGAE, Hacienda, sus jefes, sus convecinos...

Ahora bien, si se aprueba esta nueva ley tendrían que hacerlo, o estarán regalando su parte de la "compensación equitativa por copia privada" a los autores "profesionales" encuadrados en sociedades de gestión. Y a éstas últimas.

Se ha discutido mucho,muy fundadamente, muy bien, muy legalmente, sobre los detalles de esta propuesta. Que si sube el canon por copia privada; que si establece límites a los sistemas digitales de gestión de derechos (DRMs); que si declara ilegales los sistemas de intercambio entre iguales (P2P); que si tiene aspectos positivos, como la explícita exención del cánon de copia privada para ADSLs y discos duros de ordenador. Sin duda juristas versados en propiedad intelectual (David Bravo, Carlos Sánchez Almeida, Pedro J. Canut) podrán aclarar los intríngulis legales y las dudas que puedan surgir sobre los aspectos puramente forenses.

Mas en lo político está todo muy claro. Esta ley ha sido creada por gentes que consideran que la cultura es una forma de mercancía, en la que vendedor y comprador deben estar claramente separados. Esta ley considera chorizos en potencia a todos los consumidores de cultura, y menores de edad mental a los autores, que deben ser protegidos incluso de sus propios deseos. Esta ley pretende perpetuar un modelo camino de la desaparición por méritos propios.

Este proyecto de ley sólo beneficia a los intermediarios de la cultura y perjudica a todos los demás, al pretender separar lo que la Red ya ha hecho inextricable. No se puede volver al pasado por la vía de la ley. Señores políticos, es hora de eliminar esos "irrenunciables" antes de que alguien resulte lastimado en su moral, o en su resultado electoral.

Artículo en El Navegante

Fuente: HispaMP3